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Investigan a funcionarios por ocultar información de Ayotzinapa

26 May 2017

Se les ha señalado por ocultar una libreta, con nombres y teléfonos de mandos de seguridad, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, que fue asegurada al ex líder de Guerreros Unidos. Guerreros Unidos fue vinculado a la desaparición de los normalistas luego de la detención de probables involucrados quienes señalaron que recibieron y ejecutaron a un grupo de jóvenes en Iguala.

La carpeta de investigación que tiene abierta la Vistaduría de la PGR señala que la libreta incluye los nombres y teléfonos de diferentes mandos municipales, estatales y federales del estado y de la zona de Tierra Caliente de la entidad.

Esta situación provocó que el GIEI no pudiera pronunciarse al respecto, porque durante su estancia para la investigación del caso, ignoró por completo la existencia del cuaderno y sus integrantes se enteraron hasta que estaban fuera de México y no tenían mandato sobre el caso, dijeron a EL UNIVERSAL quienes en ese momento participaron dentro del Grupo. Sólo para entonces García Harfuch habría estado comisionado en Michoacán, por lo que no se le ha comprobado vínculo con el capo.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes, dijo que era preocupante que el nombre de Omar García apareciera en la libreta de contactos del criminal, a la que ni el GIEI ni la propia oficina del caso Iguala de la PGR tuvieron acceso.

Según fuentes del Gabinete de Seguridad, la Visitaduría General de la PGR investiga únicamente a personal operativo de la dependencia, como agentes del ministerio público, policías federales ministeriales y agentes de investigación criminal.

La PGR ha explicado que el hallazgo de nombres y números telefónicos en la libreta fueron recolectados por el líder de Guerreros Unidos para conocer a los mandos y servidores públicos que tenían operaciones en Guerrero, por lo que no se puede probar una relación automática entre ambas partes con el mero hallazgo.

Esta conclusión es distinta a la resolución que había dejado lista el anterior visitador de la PGR, César Alejandro Chávez, en el caso de Tomás Zerón y de 8 funcionarios más de la dependencia que presuntamente alteraron pruebas y realizaron diligencias judiciales sin presencia de ministerios públicos en el Río Cocula.

El titular de la AIC es investigado por la Procuraduría General de la República.

Esta resolución fue impugnada por padres de las víctimas ante el juzgado tercero de distrito en materia administrativa y el procedimiento para efectuar las sanciones correspondientes se encuentra congelado hasta que el juez emita una resolución.

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