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Nin en contra del comercio de armas

29 May 2017

"Urjo a aquellos involucrados en transferencias de armas a mostrar más responsabilidad y considerar las potenciales consecuencias de esas ventas, para las vidas humanas y para nuestra seguridad común", dijo Guterres al Consejo de Seguridad. La primera precaución que habría que tomar, es la primera prevención. Es decir, los ataques sobre hospitales civiles y bases sanitarias son cumplidos con fuerzas aéreas en atmósferas de guerra, donde quienes cuentan con este instrumental de armas sofisticado son los estados y pueblos implicados en los conflictos armados. "Incluyendo, asimismo, a los que suministran y venden, o autorizan a sus pujantes y prósperas empresas, el suministro y de los aviones y su correspondiente armamento", dijo.

En tal sentido, Uruguay, en su calidad de país que preside el Consejo y como organizador del debate, elaborará un resumen de los principales asuntos destacados durante la reunión, el cual servirá como documento de referencia en las futuras discusiones sobre los distintos instrumentos y políticas vinculadas a la protección de civiles de Naciones Unidas.

La realidad, sin embargo, no ha registrado mejoras desde entonces y los abusos continúan de manera regular en países como Siria, Irak, Afganistán, Yemen o Sudán del Sur. "Nadie se salva", reconoció hoy Guterres. Igualmente, insistió en la relevancia de investigar ataques contra infraestructuras médicas y hospitales civiles en franjas de conflictos para que los responsables aclaren cuentas.

En un informe escrito para esta sesión del Consejo de Seguridad, la Secretaría General detalló, con datos de 2016, que 97 por ciento de la asistencia humanitaria mundial se destina a emergencias complejas, la mayoría de ellas por conflictos armados.

Pero además, animó a todo el mundo a poner de su parte, presionando a los Gobiernos responsables para que se detengan, controlando sus transferencias de armas o buscando garantizar que no haya impunidad en los crímenes más graves.

El Canciller Rodolfo Nin Novoa sostuvo que "es una obligación de la comunidad internacional propender a la identificación y castigo de los culpables".

El jerarca pidió que el Consejo de Seguridad "asuma su responsabilidad" e imponga sanciones a los responsables o remita casos a la Corte Penal Internacional (CPI).

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