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Luisa Ortega presenta tres nuevos recursos para impedir la Constituyente

17 Junio 2017

Confesa chavista, Ortega se ha convertido en una dura adversaria de Maduro y de los magistrados del TSJ, a los que acusa de haber roto el orden constitucional.

El TSJ ordenó, "remitir copia certificada del fallo al Consejo Moral Republicano, para que ejerza las acciones que correspondan en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y jurídicas en general". "Lo que se está buscando es desmantelar el Estado", agregó la fiscal.

De acuerdo con la titular del Ministerio Público, los magistrados serían culpables del delito de conspiración contra la forma republicana de la nación, establecido en el artículo 132 del Código Penal, al ser firmantes de la sentencias 155 y 156 que abrogaban las facultades la Asamblea Nacional y denunciadas por ella como una ruptura del orden constitucional en el país.

Asimismo, la fiscal solicitó la inhibición de tres de los siete magistrados de la Sala Constitucional y los cinco miembros de la Sala Electoral por estar implicados en otras demandas que ella emprendió en el máximo tribunal.

Se refería específicamente a las dos decisiones con las que a finales de marzo el Supremo se arrogó las funciones de la Cámara, inutilizando al cuerpo legislador, y declarando incompatible la inmunidad de los diputados, una medida que fue revertida poco después en medio del rechazo de la fiscal y la presión internacional.

La fiscal pidió a los jueces señalados inhibirse de conocer su solicitud de antejuicio y solicitó la separación inmediata de sus cargos, al advertir que 'corre peligro la Nación'. Su declaración y la fuerte crítica internacional hicieron que el TSJ diera marcha atrás en esas decisiones, pero quedó encendida la chispa de las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro que desde el 1 de abril dejan 67 muertos.

Por su parte, el gobierno chavista solicitó al Tribunal Supremo de Justicia los requerimientos para la conformación de una junta médica de expertos y peritos para evaluar la conducta de la fiscal, luego de que esta emprendiera un conjunto de acciones legales desfavorables al oficialismo.

Entre los firmantes están los expresidentes de México Vicente Fox y Felipe Calderón; del Gobierno de España, Felipe González y José María Aznar; de Colombia, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, César Gaviria y Belisario Betancur; de Uruguay, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti; de Chile, Eduardo Frei, y de Argentina, Fernando de la Rúa.

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