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TSJ reconfirma designación de 33 magistrados

19 Junio 2017

Mientras el chavismo pide un examen médico para conocer el estado de su salud mental, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pidió ayer al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizar un juicio contra ocho de sus magistrados, a quienes acusa de propiciar una ruptura del orden constitucional.

La siguiente medida responde a que el chavismo evalúa el proceder de la fiscal "como la génesis de las actuaciones de las personas que se van a fugar del país y por lo tanto en el escrito hemos solicitado una prohibición de salida del país", añadió el diputado.

Pero un proceso de ese tipo para funcionarios no está previsto en la ley venezolana y en todo caso el Parlamento -de amplia mayoría opositora- es el único órgano facultado para destituir a la fiscal, explicó a la AFP la exmagistrada del TSJ Blanca Rosa Mármol.

"Adujo esta señora que el proceso estaba viciado de una serie de irregularidades en lo atinente a la evaluación que realiza el Poder Ciudadano".

De acuerdo con la oposición venezolana, estos magistrados actúan bajo el control del Gobierno, sin embargo, la fiscal general validó el proceso de sus candidaturas, junto con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, órganos que integran el Consejo Moral Republicano.

La acción fue interpuesta por Ortega Díaz contra los magistrados: Juan José Mendoza Jover, Arcadio Delgado Rosales; Carmen Zuleta de Merchán; Calixto Antonio Ortega Ríos; Luis Damiani Bustillos; Lourdes Suárez Anderson; así como Federico Fuenmayor Gallo y René Degraves Almarza, suplentes de la mencionada Sala.

El lunes, Ortega Díaz había solicitado ante la Sala Constitucional la anulación del acto de la Asamblea Nacional que nombró a 13 magistrados principales y 20 suplentes del Supremo en 2015.

La Sala Constitucional del TSJ "concluyó que las 'Bases Comiciales' respetan el concepto de la democracia participativa y el sufragio universal, directo y secreto, y que existen en la Constitución de 1999, mecanismos de democracia directa que facultan la presencia privilegiada de sectores sociales", dice un comunicado del máximo tribunal.

Con la muerte de Arévalo se eleva a 74 el balance de víctimas mortales de este organismo durante la oleada de manifestaciones que inició el pasado 1 de abril.

Además, citó, entre esas formas de atentado, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente para redactar un nuevo ordenamiento jurídico sin que se haya consultado previamente a los venezolanos.

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