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Periodistas y ONG's condenan supuesto espionaje del Gobierno de México

22 Июня 2017

Breve, de apenas tres párrafos, la Presidencia llamó a los afectados a presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que esa dependencia inicie las investigaciones correspondientes.

"Para el Gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho".

Un informe publicado por The New York Times documenta y acusa al Gobierno de nuestro país de espionaje digital contra defensores de derechos humanos y periodistas, a través de un software malicioso, conocido como Pegasus. Carmen Aristegui en 2015 empezó a recibir mensajes de texto de números desconocidos, en los cuales le urgían a que diera clic a un enlace.

Los abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, los periodistas Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui.

La empresa que fabrica el software afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo. Para ello, habría comprado y utilizado un software espía originalmente diseñado para investigar terroristas.

Este martes, en el marco de la reunión del gabinete de Seguridad en Sinaloa, aseguró "lo que se tiene en investigación es por parte del Estado Mexicano es para dar con los criminales, como lo ha demostrado este gobierno, en el que como ningún otro en la historia se ha dado con los más peligrosos, los más complejos en su búsqueda, y que hoy están siguiendo un proceso, extraditados algunos de ellos, y por supuesto algunos que han caído en el proceso de detención".

La denuncia, presentada ante la PGR, es por delitos de acceso ilegal a comunicaciones privadas y a sistemas, "más los delitos que se acumulen", explicó Luis Fernando García, director de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), una de las responsables de la investigación.

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