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Hasta 2033 se mantendrán en el cargo magistrados de la justicia administrativa

15 Июля 2017

La ley para crear el Tribunal de Justicia Administrativa señala que cada cinco años éste deberá entregar un diagnóstico cualitativo y cuantitativo del trabajo realizado, que será remitido al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

El Congreso local del Estado aprobó por unanimidad reformas a la Constitución Política local, para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, que entre otras acciones plantea la desaparición del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ahora surgirá el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

La iniciativa reitera que los magistrados permanecerán en su cargo 15 años "improrrogables" y sólo podrán ser cesados por faltas graves, cuando se les imputen irregularidades administrativas o sean condenados por delitos dolosos, no así cuando tengan prisión preventiva; en esos casos, sólo serán suspendidos de manera temporal.

La iniciativa de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa determina que los magistrados de este órgano serán propuestos por el gobernador y designados por el Congreso, por lo que ambos poderes contarán con 180 días naturales para llevar a cabo ese proceso, los cuales empezarán a correr a partir de la entrada en vigor del ordenamiento.

Respecto a las facultades que tendrá la nueva figura legal, el proyecto que envió Gali Fayad expone que los magistrados conocerán "los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular".

También se estableció que no podrán ser magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa las personas que hayan ocupado el cargo del Secretario del Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Local o Federal ni Presidente Municipal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Las principales atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa serán las de dirimir controversias que se susciten entre particulares y la administración pública estatal o municipal; imponer sanciones a los servidores públicos que incurran en responsabilidad administrativa grave y a los particulares vinculados; así como fincar pago de indemnizaciones por daños patrimoniales y emitir medidas cautelares.

Hasta 2033 se mantendrán en el cargo magistrados de la justicia administrativa