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Condenado a 9 años de prisión, Lula quiere ser Presidente de Brasil

17 Julio 2017

Lula fue condenado en primera instancia por un delito de corrupción y lavado de dinero, y además de la pena de cárcel estará inhabilitado políticamente por 19 años.

La crisis institucional derivada de la corrupción engendrada y protegida por más de una década por los gobiernos de izquierda de Lula da Silva y Dilma Rousseff ha sido un desafío para la democracia de ese país y, a la vez, una oportunidad para demostrar al mundo que en Brasil ciertamente hay corrupción, como en otros países de la región, pero que, a diferencia de muchos de ellos, hay también Justicia que la castiga con rigor.

Lula da Silva (2003-2010), quien terminó su segundo mandato con un índice de aprobación cercano al 80 por ciento, reafirmó que pretende ser candidato del PT a la presidencia en las elecciones generales de octubre de 2018.

Los dirigentes y simpatizantes de la izquierda que le rodeaban sonreían a sabiendas de que no tienen un plan B. Lo apostaron todo a Lula y ahora asumirán con todas las consecuencias a un candidato "con un problema jurídico", como dijo el ex Presidente. "Difícilmente sería arrestado como presidente". "No tendría condiciones para gobernar".

El gigante sudamericano está sumido en la recesión, que condujo a una contracción de -7,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en los dos últimos años.

El Congreso debe decidir en los próximos días, posiblemente ya la próxima semana, si retira la inmunidad a Temer para que sea juzgado por cargos de que se benefició durante años del pago de sobornos. Si progresa, la denuncia podría conducir a un proceso de "impeachment" contra Temer antes del final de su mandato en diciembre de 2018.

Pero no es el único proceso judicial en el que está involucrado Lula.

El ex presidente fue condenado en primera instancia por haber aceptado de la empresa OAS un soborno mediante la reforma de un departamento de tres pisos destinado a él en la ciudad de Guarujá, en la costa del estado de San Pablo, a cambio de favorecer a la constructora en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. La causa penal por la que fue condenado y para la que cabe recurso es una de las cinco que tiene abiertas con la Justicia, la mayoría relacionadas con el caso Petrobras, que ha enviado a prisión a decenas de políticos y empresarios.

Por otro lado, el presidente también es investigado por obstaculizar la operación Lava Jato a través del dictado de medidas legislativas y el control del nombramiento de comisarios de policía que conducían estas indagaciones. "Y por esa creencia en el Estado de derecho y en la Justicia es que la Justicia no puede mentir, no puede tomar decisiones políticas", aseveró, el exmandatario antes de anunciar que emprenderá acciones legales contra la sentencia y contra la prensa que lo acusa de corrupto.

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