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Aprueban Ley General en materia de Desaparición Forzada

13 Octubre 2017

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 397 votos a favor, la minuta con la que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En ambos casos, las penalidades podrán aumentar hasta en 50 por ciento por agravantes como la comisión del delito contra niñas, niños y adolescentes; mujeres y mujeres embarazadas, personas discapacitadas o adultos mayores, así como defensores de derechos humanos y periodistas.

Esta ley "es un avance fundamental para fortalecer la búsqueda de decenas de miles de personas desaparecidas en el país", celebró el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que pidió blindarla con los recursos suficientes para hacer efectivos sus propósitos.

A la desaparición cometida por particulares se le impondrá pena de 25 a 50 años de prisión y de 4 mil a 8 mil días multa.La nueva ley define que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o aquiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

La ley considera la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, así como del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y del Registro Nacional de Fosas (comunes y clandestinas).

El Sistema estará integrado por los titulares de la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, y la Comisión Nacional de Búsqueda, quien fungirá como Secretaría Ejecutiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además se crea una Comisión Nacional de Búsqueda, integrada por servidores públicos especializados, encargada de implementar acciones de búsqueda de personas no localizadas.

En el artículo Transitorio Segundo se señala que queda abrogada la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

La ley incluye protocolos de acción en los procesos de búsqueda, así como lineamientos de atención y seguimiento a denuncias sobre desaparición; y contempla el fortalecimiento de los procedimientos de investigación ministerial, pericial y policial.

Esta nueva legislación surge debido a la reforma del artículo 73 Constitucional, que se publicó el 10 de julio de 2015 en el DOF, mediante la cual se facultó al Congreso a expedir una ley general en materia de desaparición forzada, en un plazo de 180 días, el cual venció el 6 de enero del 2016.

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