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Comisionado de la ONU, pide frenar Ley de Seguridad Interior

06 Diciembre 2017

A grandes rasgos, la Ley de Seguridad Interior, de acuerdo con organizaciones y legisladores que votaron en contra, perpetua la militarización del país, permite a las Fuerzas Armadas no rendir cuentas sobre su intervención en tareas de seguridad pública y autoriza al Poder Ejecutivo ordenar "acciones inmediatas" a discrecionalidad.

Hussein afirmó que, no obstante, "la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas".

"La ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria", remató.

El proyecto de ley sobre seguridad interior fue aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y se remitió al Senado, donde este 5 de diciembre será discutido.

"La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta", señaló en un comunicado.

"Además, la legislación carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza", advirtió el titular de la ACNUDH.

En vez de proseguir con el trámite de aprobación de la ley en el Senado, el Alto Comisionado recomienda un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, grupos de expertos y miembros de la sociedad civil mexicana.

Sin embargo, advirtió, el proyecto de ley de seguridad no menciona en detalle la necesidad de fortalecer a las policías, ni contiene una estrategia de remplazo gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas policiales.

El Alto Comisionado se suma así a la preocupación que suscita el proyecto de ley en un amplio abanico de instituciones, organizaciones y especialistas, entre ellos el Colectivo Seguridad Sin Guerra, que aglutina a casi 300 organizaciones civiles y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (ombudsman federal).

Entre las recomendaciones que hizo el comisionado durante su visita, destacó la necesidad de promover una estrategia que fomentara la seguridad ciudadana, velara por que las políticas de seguridad se aplicasen con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, investigara las presuntas violaciones y garantizara la rendición de cuentas por las vulneraciones cometidas.

Se espera que los senadores comiencen el miércoles la discusión en comisiones de la ley y sea votada en el pleno de la Cámara alta en la sesión del jueves o la próxima semana, según fuentes legislativas.

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