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Tarifas públicas: el gobierno definió suba a partir del 1° de enero

07 Diciembre 2017

El aumento en los combustibles será diferenciado "para generar el menor aumento posible en el gasoil", que es lo que se utiliza para la producción.

En la misma habló el subsecretario del ministro de Economía, Pablo Ferreri, quien dijo que luego de reunirse esta mañana el equipo de gobierno ha definido el ajuste de tarifas que regirán a partir del 1° de enero de 2018, para OSE, Antel, UTE y Ancap. "Y tenemos una especial preocupación por hacer un diferencial en el Uruguay productivo" y es por eso que decidieron no hacer un aumento homogéneo en estas tarifas.

Agregó que, más allá de estos aumentos o ajustes puntuales, el Gobierno trabajará para mejorar los procedimientos de las empresas, de modo tal que los beneficios puedan trasladarse hacia la población. La nafta aumentará un 9.8% y el gasoil un 4.8%.

"Lo que pesó en la valoración para esta oportunidad de ajustes de tarifas guarda relación con la evolución esperada para el 2018, como las expectativas de inflación, progreso de salarios, tipo de cambio y una variable primordial en caso de Administración Nacional de Combustible, como el precio del barril de petróleo", afirmó Ferreri.

En la conferencia realizada en la Torre Ejecutiva, estuvieron presentes la titular del MIEM, Carolina Cosse; el secretario y el prosecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma y Juan Andrés Roballo, respectivamente; los presidentes de UTE, Gonzalo Casaravilla; de Antel, Andrés Tolosa; de OSE, Milton Machado; de Ancap, Marta Jara, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García.

La ministra dijo que se duplicará la velocidad de fibra óptica en todos los hogares: la mínima pasará de 30 a 60 mbp/s, mientras que la máxima irá de 150 a 300 mbp/s. Además, dijo que se aumentará aproximadamente el 50% del tráfico de todos los contratos móviles.

En el caso de la electricidad el aumento se fijó en 3,2 por ciento, la mitad del valor de la inflación del 2017, y gracias a la eficiencia energética del país, según Ferrari.

Una de las problemáticas que atenta contra la posibilidad de disminuir el costo de la tarifa radica en las "70.000 familias colgadas que consumen tres veces más que los hogares comunes" y representan un estrés para el ente en términos técnicos, y un estrés comercial porque quienes pagan tarifa residencial lo están subvencionando.

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