Álvarez declaró como testigo durante más de tres horas ante Luis Armella, el juez federal de Quilmes, y aportó datos sobre empresas vinculadas al gremio de Camioneros y al Club Atlético Independiente, a través de las que -según dijo- se lavaban activos.

Entre las empresas que nombró está Aconra, firma vinculada a la pareja de Moyano, Liliana Zulet, según consignó la agencia Télam. Planteó que la dirigencia del club realizaba aprietes para hacerse de bienes de esas empresas y utilizarlos en obras de la entidad deportiva.

Si bien "Bebote" ratificó sus denuncias, no acompaño ninguna prueba sobre las supuestas maniobras de lavado ni de sobrefacturaciones.

Según pudo saber este sitio, esta denuncia puso en el ojo de la tormenta tribunalicia a la misma fiscal, quien es observada de reojo y su actuación podría derivar en que las investigaciones se demoren o hasta que la causa caiga.

Según la defensa de Moyano, el barrabrava culpó al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, por su detención.

Sobre el temor que tendría Bebote, Llermanos afirmó que el barra "tenía miedo de que le pasara algo por un WhatApps que leyó su concubina". El letrado le quitó relevancia a la declaración del barra de Independiente al sostener que sólo "agregó recortes de diarios e hizo referencia a reportajes para certificar que fue desplazado por Moyano porque pretendía ser presidente del club" de Avellaneda.

En la audiencia estuvo presente el abogado de los Moyano, Daniel Llermanos.

Esposado, con casco y chaleco antibalas, Álvarez ingresó por una puerta lateral de la sede del juzgado, y, ya sin chaleco ni casco, inmediatamente fue trasladado hacia el despacho de Armella. Pero aseguró que todos sus dichos se corroboran si se analizan los balances del club.

Ante el magistrado de Quilmes dijo que temía represalias por sus dichos y resaltó que a Pablo Moyano le decían "salvaje" en la barra brava de Independiente.

El barrabrava aseguró que teme por su integridad física, por lo que se dispuso que esté separado del resto de la población carcelaria de la unidad.