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YPF apela el fallo de la justicia de Estados Unidos

12 Julio 2018

La Corte del Distrito Sur de Nueva York decidió que la demanda de un fondo buitre contra la Argentina por la expropiación de la petrolera YPF debe seguir curso en ese país y de esta manera no será trasladada a Buenos Aires, tal como pretendía el Gobierno.

"Lo que hay que aprender de esto es que las decisiones tribuneras se terminan pagando", dijo sobre la nacionalización de YPF, que se cristalizó en el Congreso en mayo de 2012 cuando Argentina llegó a un acuerdo con Repsol por la compra del 51% del paquete accionario de YPF por un monto total de 5 mil millones de dólares, la mitad de lo que reclamaban inicialmente los españoles.

Ahora el Gobierno podrá apelar ante la Corte de los Estados Unidos en busca de trasladar la controversia a los tribunales locales, aunque las perspectivas no son las mejores. Justamente, ése, la presunta ilegalidad de la expropiación, es el argumento de los fondos buitre que reclaman compensación económica a la Argentina, mientras que desde que se inició la contienda judicial en 2015 tanto la defensa de la gestión kirchnerista como la actual sostienen en la causa que se trató de una decisión soberana. A partir del fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York el juicio seguirá adelante en los Estados Unidos con resultado impredecible en el mismo tribunal que supo ocupar el ya fallecido Thomas Griesa. En ese sentido, se podría requerir un procedimiento que obligaría a la Justicia norteamericana a investigar a los dueños del fondo Burford Capital, responsable de la demanda.

En este panorama, la gravedad de las declaraciones de Alonso en línea con lo que reclaman ambos fondos buitre dispara especulaciones respecto del hipotético interés futuro del Gobierno en volver a privatizar YPF. Su estrategia, como lo hace en el caso por la estatización de YPF, es "comprar" juicios.

Hace poco más de un año, en abril de 2017, Burford informó que vendió un 15% de esa participación -por la que ahora reclama u$s3.000 millones- en 66 millones de dólares.

Las legisladoras de la Coalición Cívica que denuncian la operación, afirman que consistió "en un negocio financiero que se aleja de la necesidad de explotación y exploración que debía ser objetivo de una empresa con el objeto social de YPF".

Los inversores compraron dos empresas residuales que pertenecían a los Eskenazi, Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que se constituyeron hace una década, cuando los empresarios nacionales ingresaron a YPF, entonces controlada por Repsol, de la mano de Néstor Kirchner.

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