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Comisión Europea da ultimátum a Airbnb para ajustarse a la normativa

18 Julio 2018

La Comisión dio a la plataforma de plazo hasta finales de agosto para hacer correcciones.

En este sentido, Bruselas ha remarcado que Airbnb no puede "privar a los consumidores de sus derechos legales básicos" como la demanda a un propietario en caso de daños personales u otros daños, mientras que la finalización de un contrato, por ejemplo debido a la cancelación por parte del propietario, "deberá ser explicada a los consumidores", y deberá basarse en "reglas claras" que "no impidan el derecho a una compensación adecuada". Así lo ha anunciado esta mañana la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourova, quien ha pedido a Airbnb que "adapte sus cláusulas y condiciones a la normativa de protección de los consumidores de la UE y sea transparente en su presentación de los precios". Pero la popularidad no puede ser una excusa para no cumplir con las reglas de la UE sobre consumidores.

La Comisión Europea ha dado un ultimátum a Airbnb para cumplir con la normativa europea de consumidores para lo que tendrá que modificar sus políticas.

La advertencia marca la primera vez que la Unión Europea y su red de agencias de protección al consumidor lanzan una acción legal contra una compañía de tecnología en la "economía de compartir". Esta norma exige que los términos y condiciones estándar no creen un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes, en detrimento del consumidor, y que los términos estén redactados con un lenguaje sencillo e inteligible para que los consumidores comprendan claramente sus derechos.

La Comisión y las asociaciones de consumidores pidieron a Airbnb mostrar de antemano el precio total del alquiler, incluyendo las tarifas de servicio, así como identificar claramente si se trata de un propietario particular o profesional, ya que para cada categoría se aplica una normativa distinta. Por último, la plataforma deberá garantizar la inclusión de un enlace de fácil acceso a la plataforma de resolución de disputas en línea en su sitio web con la información necesaria.

En caso de respuesta insatisfactorias, la plataforma de alquileres podría ser sancionada.

De no ser satisfactorias las propuestas cada país tomará medidas a nivel nacional a través de sus organismos de consumidores, pues "no existe un órgano a nivel comunitario", según ha señalado Jourová, que ha apostado por que las autoridades de los 28 encuentren "medidas coordinadas" para hacer frente al conflicto.

El Reglamento sobre cooperación en materia de protección de los consumidores (CPC) en la UE reúne a las autoridades nacionales competentes en una red paneuropea de control de la aplicación de la legislación. Pero si sus soluciones no son satisfactorias, las autoridades de protección del consumidor podrían empezar a abrir procedimientos de infracción que podrían terminar en sanciones.

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