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Procesan a Cristina Fernández por megacausa en Argentina

18 Setiembre 2018

Además de la petición de desafuero y la posible medida preventiva de prisión, a la ex mandataria y posible presidenciable le han impuesto un embargo de 4.000 millones de pesos.

Por el direccionamiento de la obra pública, el juez Julián Ercolini ya envió la causa a juicio oral: se encuentra procesada por asociación ilícita junto al empresario Lázaro Báez en contratos viales.

La investigación llamada popularmente "los cuadernos K" se inició luego de que la justicia accediera a copias de cuadernos con anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por un chofer del Ministerio de Planificación Federal quien aparentemente fue testigo privilegiado de la recolección del dinero ilegal.

La expresidenta ha denunciado que estos casos representan una persecución política en su contra y este domingo publicó un video donde muestra los daños que dejaron los allanamientos a su casa en la ciudad de El Calafate en la patagonia argentina.

Desde que surgió el escándalo a principios de agosto, varios son los empresarios y exfuncionarios que han declarado como imputados "arrepentidos", figura legal que otorga beneficios penales para los que colaboren con la Justicia, y han reconocido la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Fernández y su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner.

Con éste, Fernández de Kirchner suma ya seis procesamientos en distintas causas judiciales, y sin embargo, continúa siendo la dirigente opositora más popular y mejor perfilada para las elecciones generales de 2019, según coincidieron diversas encuestas difundidas durante las últimas semanas.

Entre los gran cantidad de empresarios procesados se destacan Aldo Roggio, Carlos Wagner, Angelo Calcaterra -primo de Mauricio Macri-, Gerardo Ferreyra (Electroingeniería) y Luis Betnaza (Techint): Bonadio descartó que fueran presionados, como dijeron, y consideró que participaron voluntariamente.

La lista de procesados comprende además a Gabriel Romero, de EMEPA; Juan José Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), al ex juez federal Norberto Oyarbide y a Javier Fernández de la Auditoría General de la Nación (AGN). De haber una confirmación de revisión, entonces se pedirá el desafuero.

En lo que hace a la expresidenta, Bonadio le dictó la prisión preventiva por considerarla "jefa" de una asociación ilícita.

En su resolución, Bonadio sostuvo que entre 2003 y 2015 operó en Argentina "una colusión de funcionarios y empresarios que hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro... y todo esto se hizo para distribuir coimas [sobornos] a funcionarios corruptos".

"A partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios", que "finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita": Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio de Vido, agregó.

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