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Carlos Alvarado: "Estoy dispuesto a resolver el problema económico"

10 Octubre 2018

Los diputados acordaron enviar la reforma fiscal a consultas de diversas instituciones antes de que se lleve a cabo la segunda y definitiva votación.

Los voceros de los sindicalistas en paro dijeron que se mantendrán en alerta, ante la aprobación en la Asamblea Legislativa de Costa Rica de la ley de modificación de reformas fiscales.

El líder de bancada del opositor Partido Liberación Nacional (socialdemócrata), Carlos Ricardo Benavides, recordó los intentos de los últimos cuatro gobiernos costarricenses por impulsar una reforma fiscal, ante la amenaza del déficit.

También grava con 1% los productos de la canasta básica, que contiene los principales bienes de consumo de los sectores de menos ingresos, con un mecanismo para que lo recaudado por este tributo se invierta en programas sociales.

El diputado del izquierdista partido Frente Amplio, José María Villalta, se quejó en el Plenario de la decisión de agilizar la discusión y consideró que es una forma "atropellada" de tramitar el proyecto.

En defensa de su proyecto legal, el Ejecutivo alega la urgente necesidad de sanear las finanzas públicas de Costa Rica, algo que han intentando varias administraciones anteriores, pero sin éxito, porque unas veces la reforma fiscal la han frenado los propios legisladores y otras la Sala Constitucional.

El presidente Alvarado ha asegurado que el proyecto salva al país de caer en un abismo fiscal, al tiempo que permitirá que el gobierno se financie sin tener que buscar financiamiento externo, lo que genera aumentos en los intereses.

Durante esta jornada en el Congreso, decenas de personas en huelga soportaron la constante lluvia que afecta al país y rodearon el edificio para protestar pacíficamente, mientras grupos policiales custodiaban el lugar. "No queremos más impuestos que vienen a golpear a los más pobres", dijo a Efe Alberto Muñoz, uno de los manifestantes.

La reforma fiscal tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y de manera diferenciada algunos productos que antes estaban exentos.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.

Los sindicatos creen que la reforma afectará más a las clases bajas y medias, y que trata con suavidad a los ricos y las empresas, por lo que exigen que el proyecto sea retirado del Congreso y se negocie un nuevo texto basado en propuestas sindicales.

El Gobierno niega esos extremos y asegura que un 80 por ciento de lo recaudado por la reforma tributaria lo pagará el 20 por ciento de hogares con mayores ingresos y las empresas, lo que provocará una reducción de la desigualdad.

Carlos Alvarado: