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¿Está el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, incumpliendo la ley?

11 Enero 2019

Los juristas están divididos sobre la posible ilegalidad de la sorpresiva decisión de acabar con el acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig): unos la consideran ajustada a derecho, otros sostienen que el gobierno desobedeció fallos de la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), que avaló la presencia de la Cicig.

El rompimiento definitivo de Guatemala con la CICIG se da mientras ese organismo investigaba denuncias de corrupción contra el propio presidente Morales y su familia.

Agregó que hace un par de años la Cicig inició un proceso por adopción ilegal contra la ministra Jove y en 2016, por casos de fraude y otros temas, abrió otro proceso contra el hermano y uno de los hijos del presidente Morales.

"El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019".

Al aceptar los recursos legales se deja "en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala, de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala" relativo al establecimiento de la Cicig, indica el fallo.

La representación diplomática afirmó que le preocupa "el futuro de los esfuerzos anticorrupción en Guatemala".

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Morales acusó a la misión de la ONU de supuestas "violaciones graves" de leyes nacionales e internacionales.

Una parte del personal de la CICIG fue instruida para que abandonara Guatemala "hasta nuevo aviso", como parte de un plan de contingencia de seguridad.

En el breve comunicado, Guterres también hizo hincapié en "la importante contribución de la Cicig en la lucha contra la impunidad en Guatemala".

"Iván Velásquez y su personal ya no son funcionarios", expresó Jovel al referirse al presidente de la comisión, de nacionalidad colombiana, a quien le fue impedido el ingreso al país desde hace meses.

Corte Constitucional desautorizó al Gobierno y frenó la salida de esa comisión de Naciones Unidas.

El presidente Morales había anunciado el año pasado que no renovaría el mandado de la Cicig, el cual finalizaba en septiembre próximo.

"Expresamos nuestra preocupación por estas manifestaciones del Gobierno de Guatemala que no condicen con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y particularmente en la lucha contra la corrupción e impunidad", señaló la Relatora para Guatemala, Esmeralda Arosemena de Troitiño.

En octubre pasado, el Ejecutivo revocó el visado a una decena de investigadores y funcionarios de la Comisión, entre ellos Osorio, una decisión de la que dio marcha atrás, según anunció el pasado 31 de diciembre el ente de la ONU.

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