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San Juan Corte de Estados Unidos pidió opinión a la Casa Blanca

12 Enero 2019

Eso ocurrió luego de que las empresas quebraran y Burford le comprara a la Justicia española el 70% de los derechos de litigar.

En la Casa Rosada advierten que este reclamo seguirá suspendido hasta que se resuelva el litigio con Burford Capital.

La demanda comenzó con ex accionistas minoritarios de la petrolera, luego de que el Estado argentino le pagara Repsol. Argentina, en cambio, dice que fue una decisión soberana y que la estatización fue llevada a cabo en nombre del interés general.

El máximo tribunal norteamericano deberá resolver si acepta o rechaza un pedido extraordinario realizado por los abogados que representan al país, y que buscan que el caso sea tratado en los tribunales de la Argentina. El gobierno argentino buscará ejercer su influencia y explotar la fluida relación entre Macri y Trump para obtener un informe que sea lo más cercano a la defensa argentina.

Así, la decisión sobre la jurisdicción del caso se demorará entre dos o tres meses. El tribunal ordenó solicitar oficialmente una opinión al gobierno de Donald Trump sobre el caso, por lo cual en principio reconoció la relevancia de la demanda y sus posibles consecuencias. Ya pasó con los holdouts: el entonces jefe de Estado Barack Obama opinó a favor de la Argentina, pero no fue suficiente: la Corte igual rechazó el pedido del país. El tema se incluyó en la llamada "Lista de discusión" y los 7 jueces discutieron los méritos del reclamo argentino y lo publicaron en la "Lista de orden" de hoy con la decisión. La Corte no estableció ningún plazo obligatorio, por lo cual no está determinado en qué momento llegará esa respuesta.

La Argentina tuvo ya dos fallos negativos en los últimos años, uno en primera instancia de la jueza federal de Manhattan Loretta Preska y otro de segunda instancia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Y luego fallará sobre la jurisdicción del caso: si se traslada al país -el Gobierno argumenta cuestiones de soberanía y que la expropiación fue una decisión del Congreso-, o si la mantiene en los tribunales de Nueva York. Esta posibilidad abriría además lo que se conoce en la justicia norteamericana como un discovery process, que obligaría a investigar a los dueños del fondo Burford Capital, responsable de la demanda, y a indagar cómo fue el camino financiero que recorrió la YPF privada desde la era Repsol hasta la llegada del Grupo Petersen, la expropiación y el "buitre" que inició la demanda.

Cuando en 2012 el gobierno argentino de Cristina Fernández (2007-2015) expropió el 51% de las acciones de YPF, las dos empresas se vieron imposibilitadas de honrar sus compromisos y pagar sus deudas, y un grupo de acreedores se quedó con sus acciones.

Burford pagó unos 15 millones de dólares para quedarse con esos derechos a hacer juicio, cosa que hizo, y en sus balances detalla que estima que obtendrá por el caso YPF unos 800 millones de dólares. Mientras tanto, va vendiendo parte de los derechos a terceros (menos de 30% de total) y ya ganó más de USD 130 millones en ese proceso.

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