La Corte Penal Internacional (CPI) recibirá en un plazo máximo de dos semanas una solicitud para que investigue por violación a los derechos humanos a Nicolás Maduro y la cúpula del Gobierno venezolano, afirmó el canciller peruano, Néstor Popolizio, ya que su país es uno de los que ha promovido esta medida junto con otras naciones sudamericanas.
En declaraciones a un grupo de medios en Torre Tagle, entre ellos EXPRESO, Popolizio apuntó que esta medida para «profundizar la presión» contra el Ejecutivo de Venezuela está siendo coordinada y es apoyada, además de por Perú, por los Gobiernos de Argentina, Chile, Colombia y se espera que «casi seguramente» se incorpore Paraguay.
El Gobierno de Venezuela no se ha pronunciado sobre estas acusaciones de violaciones, aunque anteriormente negó rotundamente la vulneración de derechos humanos en su país.
La CIDH precisa en su informe que «desde hace varios años, la Comisión viene observando un progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos en Venezuela, el que se ha intensificado de manera alarmante en los últimos dos años y especialmente en 2017».
La CPI es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad.
Aunque no pertenece a las Naciones Unidas, la corte tiene relación con ella en base al Estatuto de Roma.
Bensouda entonces explicó que «un examen preliminar no es una investigación, sino un proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación».
El Gobierno de Nicolás Maduro responsabiliza a la oposición por las muertes y asegura que los cuerpos de seguridad han respondido con un uso «legal, proporcionado y diferenciado» de la fuerza para la «contención física» de los manifestantes.