Resulta irritante que luego de haberla respaldado desde el Congreso y usufructuarla como bandera en época prelectoral, el Centro Democrático ahora salga a decir que la consulta no es conveniente por costosa; porque los temas que se someterán a escrutinio ya están previstos o reglamentados o porque, siendo una idea que jamás se les habría ocurrido a ellos, implica necesariamente que a quien fuera que se le ocurriera y la promoviera solo estaría buscando protagonismo político.
En medio de la visita que adelantó el pasado fin de semana al municipio de Mocoa, en el departamento de Putumayo, el presidente Iván Duque se refirió a las votaciones de la consulta anticorrupción que ya empezaron en el exterior.
Y recordó que este Gobierno, con su agenda en materia de lucha contra la corrupción, «está decidido en recuperar la legalidad, en promover el emprendimiento y tener como el objetivo la equidad». Esta es una pregunta difícil de responder considerando que la propuesta fue aprobada de manera unánime por parte del senado de la república; todos los partidos y candidatos presidenciales demostraron su apoyo a la iniciativa en los debates, incluido el presidente Iván Duque y el líder del Centro Democrático (partido mayoritario en el congreso) Álvaro Uribe.
El Gobierno explicó que después de que se presentara una nueva emergencia fueron activados los protocolos de respuesta por parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.
«La consulta sí es vinculante; ahora todo depende de los 36 millones de colombianos habilitados para votar, el balón está en la cancha de ellos, si los ciudadanos participan y más de 12 millones de colombianos van a las urnas, los mandatos serán obligatorios», dijo López a Sputnik.
Académicos como John Fernando Restrepo, constitucionalista y profesor universitario, nos manifestó que el punto 1 (reducir el salario de los congresistas) y el punto 2 están en contra del espíritu del Estado Social de Derecho comulgado por la constitución de 1991, porque los salarios no pueden ser decididos por voto popular y nadie puede ser castigado con pena perpetua de ningún tipo (como la prohibición de volver a contratar con el Estado) bajó este ordenamiento jurídico.
La consulta anticorrupción que votarán los colombianos incluye reducción del salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir pasaría de 31,249,680 de pesos mensuales ($10,000) a 19,531,050 ($6,500).
Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio.
Este domingo, los colombianos tendremos la oportunidad de votar «SÍ» o «NO» en cada una de las 7 preguntas.
Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía.