Fue una de las peores matanzas en uno de los años más violentos de la llamada guerra contra el narcotráfico en México.
En agosto de 2010, 72 centroamericanos fueron asesinados por Los Zetas -uno de los carteles más sanguinarios- en San Fernando, una localidad de Tamaulipas (frontera con Estados Unidos).
Entre los aniquilados por los asaltantes -58 hombres y 14 mujeres- estaban migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Brasil y un indio.
Al evento de compensación también asistieron el subsecretario de la Comunidad Ecuatoriana Migrante, Jorge Icaza; el director de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de México (CEAV), José Antonio Garibay; autoridades de la Embajada de México en el Ecuador; así como delegados de las coordinaciones zonales de Ambato y de Azogues, de la Cancillería.
La CEAV determinó que existían elementos suficientes para acordar compensaciones a la víctima directa (sobreviviente) y a 47 víctimas indirectas (familiares de las personas migrantes fallecidas). «Consideramos que es fundamental este acontecimiento», dijo Chávez, al tiempo de ratificar que el Ecuador se compromete a seguir trabajando en pro de la defensa de los derechos humanos y de los migrantes de los dos países.
AFP 2017 fue declarado el año más violento de la historia reciente de México.
«Las medidas de compensación fueron determinadas de acuerdo con los estándares internacionales en la materia y que por motivos de seguridad y protección a las víctimas, dichos montos no deben hacerse públicos», expuso.
Luis Freddy Lala Pomavilla, ciudadano ecuatoriano, salvó la vida porque lo dieron por muerto y así logró huir del rancho donde los criminales apilaron los cuerpos de los masacrados. «Esto nunca debió suceder, San Fernando no debe repetirse y mucho menos deben hacerlo las omisiones de un estado que tiene la obligación constitucional de proteger a las personas que están en su territorio», manifestó.
Según la Cancillería ecuatoriana, desde 2013 ha gestionado con instituciones mexicanas, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, entre otras, para acelerar el trámite.
Al menos cinco jefes regionales del cártel permanecen detenidos por esos hechos.
Autoridades hallaron los cuerpos dentro de una bodega en el municipio de San Fernando, en el violento estado de Tamaulipas.
La acción legal fue para obtener un reembolso de gastos funerarios de su hijo, de parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV).
Uno de ellos ( acuatoriano y quien logró huir y pedir ayuda) ha sido indemnizado.
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